Resulta complicado para quienes somos garantistas y consideramos que las cárceles no deben ser lugares de castigo sino centros de rehabilitación para las personas que han delinquido hacer un análisis a la ligera de esta medida que se adoptó desde la Dirección General de Salud Penitenciaria, organismo dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense.
El programa, que empezó a implementarse en la Unidad 25 de Lisandro Olmos “aborda la problemática de los detenidos con la tarea multidisciplinaria de psiquiatras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales.”
Al respecto, el ministro Casal aseguró que “el objetivo central es lograr el cambio del impulso sexual del agresor hacia un impulso que no sea peligroso hacia sí mismo y hacia los demás cuando recuperen la libertad”.
Y empiezan a surgir las contradicciones a las que hice alusión.
En primer término, y hecha ya la salvedad de que es indiscutible el carácter universal de los Derechos Humanos, creo que es deber ético y moral del estado comenzar brindándoles el acceso a los mismos a los sectores más vulnerables y vulnerados. Por cuestiones que el Estado alude de carácter presupuestario –que a mi entender se entrecruzan con el patriarcado que nos rige en lo cultural – las mujeres estamos absolutamente desprotegidas si somos víctimas de ataques contra nuestra integridad sexual: en caso de violación, debemos probar el hecho sometiéndonos a exámenes que nos re-victimizan. Ni que hablar de bache legislativo que hay respecto del acoso laboral, que abarca no sólo los casos burdos y evidentes, sino también las formas solapadas que utilizan los hombres para “sacarnos de carrera” a las mujeres poniéndonos en situaciones de incomodidad utilizando lo sexual como herramienta. Lejos, muy lejos estamos de que tanto daño que se nos infringe sea reconocido por el Estado y se nos brinde la posibilidad de acceder a tratamientos psicológicos, o terapias artísticas o físicas como la sensopercepción, que evidentemente el Estado y las obras sociales consideran como un lujo que no es deber proveer.
Pero resulta ser, a la vista de este programa, y aquí surge mi segunda objeción, que van prosperando las “políticas de género”. Herramienta instalada en un principio por las mujeres en lucha para que los diferentes estamentos del Estado comenzaran a tratar nuestros problemas específicos, como también incluyen a los hombres se están volcando a su favor. Como siempre, como desde siempre. Y allí donde “no hay presupuesto” para las víctimas (mujeres), aparece el presupuesto para los victimarios (hombres). Cuando esas mujeres tienen altas posibilidades de recuperarse si son tratadas correctamente. Y esos hombres tan pocas a la luz de las estadísticas de reincidencia en la comisión de delitos de esta índole. Porque aunque quieran negarlo, esta política de rehabilitación está pensada no con carácter universal, sino para los hombres. Porque los que violan, son hombres.
En tercer lugar, cabe preguntarse por qué el Estado se exige cuando hace algo a favor de las mujeres, como la implementación del registro de violadores, hacer inmediatamente algo a favor de los hombres. Tal vez no quieran pecar de sexistas, inclinando alguna vez la balanza en nuestro favor.
Tal vez los Ministros que trabajan en la implementación de políticas públicas, podrían acercarse a gente que tenga claras las prioridades y conciencia del atraso existente en cuanto a políticas que garanticen la igualdad de derechos de las mujeres, que tanto se proclama en discursos y tan poco se practica.
El programa, que empezó a implementarse en la Unidad 25 de Lisandro Olmos “aborda la problemática de los detenidos con la tarea multidisciplinaria de psiquiatras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales.”
Al respecto, el ministro Casal aseguró que “el objetivo central es lograr el cambio del impulso sexual del agresor hacia un impulso que no sea peligroso hacia sí mismo y hacia los demás cuando recuperen la libertad”.
Y empiezan a surgir las contradicciones a las que hice alusión.
En primer término, y hecha ya la salvedad de que es indiscutible el carácter universal de los Derechos Humanos, creo que es deber ético y moral del estado comenzar brindándoles el acceso a los mismos a los sectores más vulnerables y vulnerados. Por cuestiones que el Estado alude de carácter presupuestario –que a mi entender se entrecruzan con el patriarcado que nos rige en lo cultural – las mujeres estamos absolutamente desprotegidas si somos víctimas de ataques contra nuestra integridad sexual: en caso de violación, debemos probar el hecho sometiéndonos a exámenes que nos re-victimizan. Ni que hablar de bache legislativo que hay respecto del acoso laboral, que abarca no sólo los casos burdos y evidentes, sino también las formas solapadas que utilizan los hombres para “sacarnos de carrera” a las mujeres poniéndonos en situaciones de incomodidad utilizando lo sexual como herramienta. Lejos, muy lejos estamos de que tanto daño que se nos infringe sea reconocido por el Estado y se nos brinde la posibilidad de acceder a tratamientos psicológicos, o terapias artísticas o físicas como la sensopercepción, que evidentemente el Estado y las obras sociales consideran como un lujo que no es deber proveer.
Pero resulta ser, a la vista de este programa, y aquí surge mi segunda objeción, que van prosperando las “políticas de género”. Herramienta instalada en un principio por las mujeres en lucha para que los diferentes estamentos del Estado comenzaran a tratar nuestros problemas específicos, como también incluyen a los hombres se están volcando a su favor. Como siempre, como desde siempre. Y allí donde “no hay presupuesto” para las víctimas (mujeres), aparece el presupuesto para los victimarios (hombres). Cuando esas mujeres tienen altas posibilidades de recuperarse si son tratadas correctamente. Y esos hombres tan pocas a la luz de las estadísticas de reincidencia en la comisión de delitos de esta índole. Porque aunque quieran negarlo, esta política de rehabilitación está pensada no con carácter universal, sino para los hombres. Porque los que violan, son hombres.
En tercer lugar, cabe preguntarse por qué el Estado se exige cuando hace algo a favor de las mujeres, como la implementación del registro de violadores, hacer inmediatamente algo a favor de los hombres. Tal vez no quieran pecar de sexistas, inclinando alguna vez la balanza en nuestro favor.
Tal vez los Ministros que trabajan en la implementación de políticas públicas, podrían acercarse a gente que tenga claras las prioridades y conciencia del atraso existente en cuanto a políticas que garanticen la igualdad de derechos de las mujeres, que tanto se proclama en discursos y tan poco se practica.
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