Parece terrible que un caso como el de la niña de 12 años de Mendoza –uno más en la cadena de barbaridades- se necesite para volver sobre un tema siempre postergado.
Pero afortunadamente esta vez, una legisladora nacional, la Sra. Nora César, decide tomar el toro por las astas: presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de modificación del artículo 86 del Código Penal con el fin de ponerles coto a los librepensadores que quieren hacer interpretaciones novedosas y originales sobre el citado artículo.
Con la reforma por ella propuesta, los comités de ética, las agrupaciones “pro-vida” (¿de quién?), quedarán fuera del marco que la ley instituye para la resolución de estos casos.
Sin dudas, no es lo que las mujeres venimos reclamando, que es una legislación que nos reconozca capaces de tomar decisiones. Pero sería necio dejar de ver que se trata de un gran avance.
En primer término, es el propio bloque oficialista el que asume la responsabilidad de representarnos a la mayoría que lo votamos, mayoría que sé aprueba la discusión aunque encuestas maniqueas nos quieran convencer de lo contrario.
En segundo lugar, porque deja afuera de la toma de decisión a los sectores minoritarios que por influencias devenidas de los poderes conservadores que representan, siempre terminan torciendo la voluntad de las mayorías.
También porque obliga a quienes detentan un cargo – los Directores de Hospitales Públicos – a ejercerlo con todos los deberes que aceptarlo impone, instándolos a tomar las medidas que sean necesarias para cumplir con la ley en caso de que aparezcan las “objeciones de conciencia”, tan abundantes en nuestro país en los médicos cuando trabajan en hospitales del estado, tan escasas cuando se desempeñan en el sector privado…
Otro merecido reconocimiento hacia las mujeres que incluye el proyecto es la no exigencia de la prueba de violación: la palabra de las mujeres puesta en un lugar de respeto largamente reclamado.
Respecto del accionar de los “librepensadores” a los que aludí, la reforma impulsada por la Diputada César deja cerrado el debate acerca de la definición del término “salud” que se menciona en el primer artículo: queda establecido que se refiere a la definición de la OMS, que deberá, según la norma reformada, estar expuesta en carteles visibles en todos los centros de salud.
Ratifica también la aplicación de la norma en casos de enfermedad cuyo tratamiento esté contraindicado para mujeres embarazadas.
Por último, otro motivo para celebrar es la obligatoriedad que tendrán las obras sociales y prepagas de brindar la cobertura no sólo del aborto terapéutico, sino también de los tratamientos sicológicos correspondientes.
Seguiremos lamentando todas las vidas que se ha cobrado la falta de debate, pero personalmente creo que hemos empezado a transitar el camino de la justicia, que podremos considerar finalizado el día en que, sencillamente, a las mujeres se nos reconozca la capacidad y el derecho de elegir en cualquier caso sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Prof. Delia Añón Suárez
Pero afortunadamente esta vez, una legisladora nacional, la Sra. Nora César, decide tomar el toro por las astas: presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de modificación del artículo 86 del Código Penal con el fin de ponerles coto a los librepensadores que quieren hacer interpretaciones novedosas y originales sobre el citado artículo.
Con la reforma por ella propuesta, los comités de ética, las agrupaciones “pro-vida” (¿de quién?), quedarán fuera del marco que la ley instituye para la resolución de estos casos.
Sin dudas, no es lo que las mujeres venimos reclamando, que es una legislación que nos reconozca capaces de tomar decisiones. Pero sería necio dejar de ver que se trata de un gran avance.
En primer término, es el propio bloque oficialista el que asume la responsabilidad de representarnos a la mayoría que lo votamos, mayoría que sé aprueba la discusión aunque encuestas maniqueas nos quieran convencer de lo contrario.
En segundo lugar, porque deja afuera de la toma de decisión a los sectores minoritarios que por influencias devenidas de los poderes conservadores que representan, siempre terminan torciendo la voluntad de las mayorías.
También porque obliga a quienes detentan un cargo – los Directores de Hospitales Públicos – a ejercerlo con todos los deberes que aceptarlo impone, instándolos a tomar las medidas que sean necesarias para cumplir con la ley en caso de que aparezcan las “objeciones de conciencia”, tan abundantes en nuestro país en los médicos cuando trabajan en hospitales del estado, tan escasas cuando se desempeñan en el sector privado…
Otro merecido reconocimiento hacia las mujeres que incluye el proyecto es la no exigencia de la prueba de violación: la palabra de las mujeres puesta en un lugar de respeto largamente reclamado.
Respecto del accionar de los “librepensadores” a los que aludí, la reforma impulsada por la Diputada César deja cerrado el debate acerca de la definición del término “salud” que se menciona en el primer artículo: queda establecido que se refiere a la definición de la OMS, que deberá, según la norma reformada, estar expuesta en carteles visibles en todos los centros de salud.
Ratifica también la aplicación de la norma en casos de enfermedad cuyo tratamiento esté contraindicado para mujeres embarazadas.
Por último, otro motivo para celebrar es la obligatoriedad que tendrán las obras sociales y prepagas de brindar la cobertura no sólo del aborto terapéutico, sino también de los tratamientos sicológicos correspondientes.
Seguiremos lamentando todas las vidas que se ha cobrado la falta de debate, pero personalmente creo que hemos empezado a transitar el camino de la justicia, que podremos considerar finalizado el día en que, sencillamente, a las mujeres se nos reconozca la capacidad y el derecho de elegir en cualquier caso sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Prof. Delia Añón Suárez
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