El Estado proxeneta.

Uno de los orgullos nacionales que hasta hace poco tiempo detentábamos – junto con el dulce de leche y el colectivo- era el de haber sido históricamente renuentes a considerar a la prostitución como trabajo. Y a ver a las mujeres en situación de prostitución como delincuentes, poniendo el foco de punibilidad en el proxeneta.

Sin embargo, inexplicablemente la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga el premio de Personalidad Destacada de los Derechos Humanos de las Mujeres a Elena Reynaga, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina -AMMAR, una agrupación que forma parte de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Es decir, a una organización reglamentarista que considera la prostitución como trabajo, y esta pidiendo, por ende, el reconocimiento del Ministerio de Trabajo como sindicato. Y acá ya dejo aclarado antes de analizar lo sucedido mi más absoluto respeto a la militancia y el compromiso de la compañera Reynaga. Lo que me preocupa es el mensaje que transmite el Estado.
Como me preocupa la actitud del intendente de Lonquimay, un pueblo de La Pampa, Luis Rogers. El Consejo Deliberante trata de sancionar una ordenanza que disponga el cierre de todos aquellos comercios que pueden servir de pantalla para la prostitución, y el Intendente ya declaró que la vetará si prospera.
Con argumentos increíbles tales como que “se trata de lugares de contención para los jóvenes”, que “brindan un servicio en ruta a los camioneros”, a los que se concurre “a ver un show”, en los que “no le consta haya mujeres en situación de prostitución” – pero aclarando que “pagan habilitación y realizan controles ginecológicos periódicos a las mujeres que allí trabajan”, termina por reconocerse habitué.
Asesorado por un ¡policía! remata con que en realidad lo que busca con su actitud es evitar la clandestinidad que da lugar a “cosas peores” como la trata de personas (podría haber dicho mujeres), y el tráfico de drogas.
Ambos casos nos muestran la esquizofrenia imperante en los mensajes que el Estado emite. El cuerpo de las mujeres queda expropiado y pacible de ser moneda de cambio a ofrecer para la supervivencia, el colectivo “varones” habilitado ejercer su poder sobre las mujeres dinero mediante, los que legislan a ser representantes de proxenetas y prostituyentes, y el Estado liberado de atender a las mujeres en situación de prostitución ya que entran en la categoría “trabajadoras”.
Tal vez dará lugar a que los proxenetas pasen a ser “empresarios”, es decir, respetables para el capitalismo. O a que las “trabajadoras” tributen, transformando al Estado en un proxeneta más.
La responsabilidad del Estado es seguir viendo a la prostitución como forma de dominación y explotación de las mujeres: no es trabajo. Es esclavitud. Y violencia.
Tratar de producir estadísticas de las que carecemos por las cadenas de corrupción y complicidad que se han generado en torno al tema, y que hacen difícil el ver “por dónde empezar”.
Renunciar a las tendencias actuales que pretenden diferenciar entre “libre” y “forzada”, y también renunciar a producir legislaciones que se han ido apartando del sistema abolicionista, único que posibilita un marco jurídico y teórico, para encarar la protección de las mujeres en situación de prostitución y la persecución de los que delinquen con su existencia.
Las abolicionistas pretendemos un mundo sin prostitución. Pero ello no puede ser el resultado de la represión, sino de sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educación particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social.
También entendemos que es un derecho inherente a la condición de humanas de nosotras, las mujeres.
Y no luchamos por obtener premios, en todo caso, que se dediquen a implementar Políticas de Estado. Y claras.